Fiscales estadounidenses aseguraron que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó sobornos de un narcotraficante hondureño a cambio de proteger su laboratorio de cocaína y sus actividades de narcotráfico y que además accedió a que las fuerzas armadas ayudaran al traficante a transportar la droga.
Hernández es miembro fundador del Grupo de Lima, parainstancia creada por orden de EEUU para apoyar la política exterior de EEUU contra Venezuela. Además del gobierno de Honduras, forman parte del mencionado grupo los gobiernos de Colombia (primer productor y exportador mundial de cocaína), Perú (segundo productor y exportador mundial de cocaína), Brasil, Costa Rica, Canadá y otros gobiernos, para un total de 12 representaciones.
Los fiscales del distrito sur de Nueva York señalan en documentos judiciales presentados en el sistema electrónico de los tribunales federales que Hernández explicó a otros cómo malversaba dinero de asistencia ofrecido por Estados Unidos a través de organizaciones fraudulentas sin ánimo de lucro. También dijo supuestamente que robaba dinero del sistema de seguridad social de Honduras, dicen los fiscales.
El presidente no es citado por su nombre en los documentos judiciales sino que se le señala como CC-4, es decir co-conspirador número 4, al igual que han hecho los fiscales en el pasado en numerosas ocasiones. Hernández ha negado repetidamente cualquier señalamiento previo.
Al presidente se le nombró por nombre y cargo de forma repetida en el juicio a Tony Hernández, su hermano, donde se acusó al mandatario de aceptar un millón de dólares en ganancias de la droga por parte del traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El mandatario no ha sido acusado formalmente de nada por parte de las autoridades estadounidenses.
En el paquete de documentos judiciales de más de 55 páginas, los fiscales dicen que Hernández se encuentra fuera del alcance del gobierno estadounidense para recibir una citación y que probablemente Hernández apelaría a su derecho de no hablar si fuera interrogado bajo juramento sobre estas actividades.
Los documentos, presentados el viernes por la noche, hacen referencia al caso de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, un traficante que fue arrestado el 1 de marzo del 2020 en Miami.
Cuando en marzo se anunció el arresto de Fuentes Ramírez los fiscales dijeron que el presidente se reunió con él en el 2013 y le aceptó un soborno de 25.000 dólares a cambio de protección. También dijeron, al igual que repiten ahora, que el presidente le dijo a Fuentes Ramírez que estaba interesado en tener acceso al laboratorio de cocaína de éste debido a su proximidad a la zona comercial de Puerto Cortés, en la costa noreste de Honduras.
El presidente ha desestimado las acusaciones una y otra vez, asegurando que son mentiras de narcotraficantes que buscan venganza por sus duras políticas impuestas para combatir el tráfico de drogas. Un mensaje de correo el sábado, enviado a una colaboradora del presidente solicitando respuesta a las acusaciones, no fue respondido de forma inmediata.
Un jurado estadounidense declaró culpable en octubre del 2019 a Tony Hernández, hermano del mandatario, de tráfico de drogas y posesión de armas. El juicio salpicó de lleno al presidente, ya que fiscales y extraficantes dijeron durante el proceso que éste recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.
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